Durante los últimos 12 meses, las revalorizaciones destinadas a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas han seguido profundizando la brecha entre ingresos y gastos del sistema. Por otro lado, también se han producido algunos ajustes normativos y se ha registrado un crecimiento del segundo pilar de la previsión social (el ahorro colectivo a través de las empresas), lo que invita a analizar el futuro con algo más de optimismo. A pesar de todo, los desafíos a la sostenibilidad del sistema persisten y no van a desaparecer ni a corto, medio ni largo plazo.
Así, el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones de España sigue abierto. A punto ya de dar la bienvenida a 2026, repasamos las principales novedades que nos ha dejado 2025 en materia de pensiones.
Uno de los objetivos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en los últimos años ha sido el fortalecimiento del segundo pilar para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones de España. Es decir, potenciar el ahorro colectivo a través de las empresas. Así, desde la aprobación de la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de planes de pensiones de empleo, se han ido implementando una serie de cambios e incentivos para facilitar el acceso de los trabajadores a los instrumentos de previsión social empresarial, como los planes de pensiones de empleo (PPE).
Como resultado, las empresas son cada vez más conscientes de su capacidad para impulsar el ahorro y el bienestar económico de sus empleados. De hecho, según la Encuesta de Planes de Jubilación realizada por WTW a mediados de 2025, el 71 % de las empresas españolas priorizan mejorar el bienestar financiero y la planificación de la jubilación de sus trabajadores dentro de sus planes de retribución. Las organizaciones buscan, entre otras cosas, ofrecer orientación individual, herramientas digitales y educación financiera para empoderar a sus empleados en materia económica.
Así, cada vez son más las organizaciones que apuestan por contribuir a la planificación del ahorro de sus empleados, apoyándose en soluciones como los planes de pensiones de empleo, los planes de previsión social empresarial, los seguros colectivos o la retribución flexible. Cada una de estas herramientas se adapta a las diferentes necesidades de las empresas a la hora de impulsar el ahorro y el bienestar financiero de sus empleados (aquí te contamos todos los detalles).
En consecuencia, se ha producido un aumento importante del número de partícipes en los planes de pensiones de empleo en el último año. De acuerdo con los datos de Inverco (asociación que agrupa las principales entidades relacionadas con los Fondos de Inversión y los Fondos de Pensiones de España), la cifra ha pasado de 2,02 millones de partícipes a principios de 2023 a rozar los 3 millones en septiembre de 2025. El aumento ha sido particularmente destacado en los instrumentos colectivos disponibles para los trabajadores del sector de la construcción y los autónomos. Aun así, el total está todavía lejos del objetivo marcado con la aprobación de la ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo en 2022: alcanzar los 10 millones de partícipes en 2030.
Durante 2025 se produjeron también algunos cambios a nivel regulatorio (que te contamos en detalle aquí). Estas fueron las novedades más destacadas del último año:
A pesar de las reformas recientes, los desafíos del sistema de pensiones de España persisten, alimentados por el envejecimiento de la población y por el aumento del gasto en prestaciones. De no aplicar cambios estructurales, España será el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que más gaste en pensiones en relación a su PIB para mediados de siglo. De acuerdo con el último análisis publicado por la OCDE, esto hará que la brecha entre ingresos y gastos siga incrementándose y que sea imposible mantener las pensiones públicas a través de las cotizaciones de los trabajadores en activo.
Entre las reformas planteadas para evitar esta situación, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propuso este año cambiar de forma progresiva el sistema actual por uno basado en cuentas nocionales, lo que supondría una reducción del gasto del 40 % a largo plazo. A grandes rasgos, en este sistema cada trabajador tiene una cuenta virtual en la que se acumulan todas sus cotizaciones con un interés ligado a la evolución económica (un factor conocido como rentabilidad nocional). En el momento de jubilarse, el saldo de esta cuenta se usa como base para calcular la pensión inicial, teniendo en cuenta la esperanza de vida y otros factores actuariales.
Este sistema, que introduce mecanismos automáticos de sostenibilidad, ha sido aplicado en otros países del entorno español y es una de las posibles soluciones sobre la mesa, junto al refuerzo del ahorro complementario a través del segundo pilar, para apuntalar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, por ahora no se esperan grandes cambios inmediatos en este sentido. De cara a 2026, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado que las pensiones contributivas se revalorizarán en 2026 en torno a un 2,7 %. Este incremento, que beneficiará a los más de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de los 715 000 pensionistas del Régimen de Clases Pasivas, supondrá un aumento del gasto público anual en pensiones de unos 5400 millones de euros.
En definitiva, el balance de 2025 dibuja un sistema de pensiones que sigue siendo capaz de mantener unas condiciones dignas para los jubilados, pero también un sistema que no logra sacudirse los desafíos que llevan más de una década poniéndolo contra las cuerdas. Las reformas aplicadas hasta ahora han logrado potenciar el ahorro complementario e incrementar los ingresos, pero no han sido suficientes para solucionar las cuestiones de fondo que amenazan la sostenibilidad del sistema. Así, 2026 volverá a ser un año decisivo para definir cómo equilibrar la protección social, la competitividad y la solvencia del sistema público de pensiones.
