2026 llega con cambios muy relevantes en materia de pensiones. Se calcula que unas 650 000 personas accederán a la jubilación durante los próximos 12 meses, en lo que será el primer gran año de jubilaciones de la generación del baby boom. Entre otras cosas, en este 2026 entra en vigor un nuevo método de cálculo de la base reguladora, se retrasa la edad de jubilación ordinaria y suben las cotizaciones por el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y por la cuota de solidaridad, lo que supone un aumento de la presión contributiva para las empresas y los trabajadores.
A continuación, te contamos en detalle todas las novedades del sistema de pensiones en 2026, tal como recoge el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social.
El Real Decreto-ley 16/2025 establece una subida general de las pensiones del 2,7 %, en línea con el Índice de Precios al Consumo (IPC) de los 12 meses anteriores a diciembre de 2025. Sin embargo, las pensiones mínimas suben por encima de la inflación: lo hacen un 7,07 % para pensionistas con hogares unipersonales y un 11,4 % para pensionistas con cónyuge a cargo. Además, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) también suben un 11,4%.
La edad de jubilación ordinaria se retrasa dos meses en 2026, en línea con las medidas pactadas a principios de la década pasada para aumentar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. De esta forma, quienes accedan a la jubilación en 2026, deberán haber cumplido 66 años y 10 meses si han cotizado menos de 38 años y 3 meses a la Seguridad Social y 65 años si cuentan con cotizaciones más largas. En consecuencia, la edad mínima a la que es posible acceder a la jubilación anticipada voluntaria también se retrasa y pasa a ser de 64 años y 10 meses para quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados.
Desde el 1 de enero de 2026 está en vigor el nuevo sistema de cálculo de la base reguladora sobre la que después se aplican determinados coeficientes para calcular la cuantía final de la pensión. Con este sistema dual, la Seguridad Social elige la base reguladora de mayor importe entre esas dos opciones: los últimos 25 años cotizados o los mejores 27 años entre los 29 años previos a la jubilación. Sin embargo, esta segunda opción se va a ir aplicando de forma gradual hasta 2037, por lo que apenas tendrá impacto este año. Así, para quienes se jubilen en 2026, la base reguladora de la pensión será la de mayor importe entre:
Durante 2026, el tope máximo de las bases de cotización queda fijado en 5101,20 euros mensuales tras revalorizarse un 3,9 % (el IPC interanual del 2,7 % más 1,2 puntos porcentuales adicionales). Además, las bases mínimas de cotización se incrementarán en el mismo porcentaje que lo haga el salario mínimo interprofesional (SMI) más un sexto. Por ahora, no se ha producido un aumento del SMI, y el Real Decreto-ley 16/2025 se limita a reflejar la prórroga del SMI de 2025.
Por otro lado, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que empezó a aplicarse en 2023 como una cotización adicional para aumentar los ingresos del sistema de pensiones volverá aumentar un 0,1 %. Así, el MEI se sitúa en 2026 en un 0,9 %, frente al 0,8 % de 2025, de los cuales un 0,75 % correrá a cargo de la empresa y un 0,15 % a cargo del trabajador. Los trabajadores autónomos asumirán íntegramente ese 0,9 % de cotización adicional.
Además, en 2026 volverá a aplicarse la cotización de solidaridad que entró en vigor el año pasado para todos los trabajadores por cuenta ajena cuyo salario sea superior a la base máxima de cotización. Este porcentaje adicional, que irá aumentando gradualmente hasta 2045, impacta de la siguiente manera en las cotizaciones de 2026:
Las novedades de las pensiones en 2026 tienen un impacto directo en los trabajadores y en las empresas. El aumento del tope máximo de cotización, junto al incremento de la cotización de solidaridad y del MEI, implica que una parte de las rentas más elevadas cotizará más sin que ello se traduzca en un aumento proporcional de la pensión futura (el importe máximo de la pensión tienen un crecimiento más contenido). Esto ensancha la brecha entre lo cotizado y lo percibido para los salarios más elevados y hace más evidente la importancia de contar con una planificación financiera complementaria a largo plazo.
Por otro lado, desde el punto de vista empresarial, estas medidas suponen también un incremento importante de los costes laborales (tanto en 2026 como en los próximos años). Esto tendrá un impacto especialmente destacado en aquellas empresas con plantillas de alta cualificación y/o con salarios elevados. El aumento de la presión contributiva puede influir tanto en las políticas retributivas de la organización como en las decisiones de contratación y de retención de talento. En este contexto, los sistemas de previsión social empresarial (como los planes de pensiones de empleo o los seguros colectivos) seguirán ganando peso como herramienta clave de compensación.
En resumen, las novedades en materia de pensiones de 2026 (destinadas a reforzar los ingresos del sistema y a aumentar las prestaciones más bajas) refuerzan la necesidad de avanzar hacia un sistema sustentado sobre tres pilares: la pensión pública, la previsión social empresarial y el ahorro individual. Mientras el sistema público sigue trabajando en alternativas que le permitan superar las tensiones que genera el desafío demográfico (las últimas generaciones numerosas están ahora accediendo a la jubilación), la previsión social empresarial y la individual se han convertido en un elemento estratégico para la planificación financiera a largo plazo.
