Hace poco más de un año, el Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva en España la Ley de Creación y Crecimiento Empresas, conocida como Ley Crea y Crece. Esta nueva norma, una de las principales reformas que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está dirigida a facilitar la creación de empresas, impulsar su crecimiento y reducir obstáculos a nivel regulatorio. Dentro de las novedades que introduce la ley, destaca el nuevo régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa o crowdfunding, algo que afecta en particular al sector de las fintech.
En los últimos años, la digitalización y los avances tecnológicos han permitido la aparición de nuevas formas de financiación. El crowdfunding es una de estas fórmulas, a través de la cual un emprendedor se vale de medios tecnológicos para obtener apoyo financiero para un proyecto determinado de un gran número de inversores y sin intermediación alguna de entidades bancarias. La financiación se articula, en la mayoría de los casos, como un préstamo entre particulares con devengo de intereses.
Mediante este proceso, facilitado por empresas del sector fintech que ofrecen este tipo de soluciones tecnológicas, cada vez más pequeñas y medianas empresas (PYMES) y emprendedores se valen de plataformas online para buscar financiación. El éxito de estas herramientas radica no solo en el gran potencial de éxito y el atractivo del proyecto financiado, sino también en la difusión que se le pueda dar, multiplicada por los canales digitales de comunicación.
La primera vez que se reguló el crowdfunding en España fue en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento de la Financiación Empresarial. Sin embargo, la nueva Ley Crea y Crece ha derogado el régimen jurídico anterior y ha dado un impulso significativo a la figura de la financiación participativa, adaptando la normativa el Reglamento 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020, relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas.
El objetivo principal de la norma europea es crear un mercado interior de servicios de plataformas de crowdfunding, armonizar la regulación en los distintos estados de la Unión Europea y crear una especie de pasaporte comunitario que facilite este tipo de financiación participativa. En este sentido, la Ley Crea y Crece establece un nuevo régimen jurídico con los siguientes puntos a destacar:
La Ley Crea y Crece entró en vigor 20 días después de su publicación en el BOE, que tuvo lugar el 29 de septiembre de 2022. Sin embargo, en la norma se estableció una excepción para el nuevo régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa, que entró en vigor algo más tarde, el 10 de noviembre de 2022. Desde entonces, la regulación europea fija un periodo de adaptación de un año como máximo.
Así, es preciso tener en cuenta que el período transitorio, establecido para el cumplimiento de la normativa europea por parte de los proveedores de servicios de crowdfunding, se extiende el 10 de noviembre de 2023 (o hasta que se les conceda la autorización si ya la hubieran solicitado). La justificación de esta extensión es evitar el colapso del sector europeo de plataformas de financiación participativa, pues es necesario que modifiquen significativamente sus disposiciones operativas y de gobernanza.
De esta manera, el próximo 10 de noviembre finaliza el periodo de adaptación: todas las plataformas que presten servicios de crowdfunding en alguno de los estados miembros de la Unión Europea deberán cumplir con el nuevo régimen jurídico.
