En un mundo empresarial cada vez más expuesto al escrutinio público y regulatorio, los gerentes españoles perciben como nunca antes la presión legal y ética en su día a día. Así lo refleja el informe global de Directors & Officers Liability Insurance Survey 2025 de WTW en colaboración con el despacho de abogados Clyde & Co, que analiza los principales riesgos que afrontan los administradores y directivos de organizaciones a nivel mundial. España destaca como uno de los países más preocupados por el incumplimiento normativo, situando este riesgo por encima incluso de amenazas globales como los ciberataques o la pérdida de datos.
Con un 90% de los encuestados en España considerando el riesgo regulatorio como “muy importante” o “extremadamente importante”, el país se posiciona por encima del promedio internacional (74%), reflejando un entorno donde las sanciones, las inspecciones y los cambios normativos están teniendo un impacto directo en la agenda de los consejos de administración.
La elevada preocupación en España por el cumplimiento normativo no es casual. En los últimos años, el país ha experimentado una intensificación de la actividad reguladora, tanto desde instancias nacionales como europeas. Organismos como la CNMV, la AEPD, la CNMC o la Inspección de Trabajo han redoblado su capacidad sancionadora, mientras que nuevas directivas de la Unión Europea sobre sostenibilidad, buen gobierno, protección de datos y transparencia están transformando radicalmente el marco operativo de las empresas.
Los sectores financiero, energético, tecnológico y farmacéutico están especialmente expuestos, no solo a regulaciones complejas, sino a una creciente sensibilidad mediática y social. En este contexto, los directivos no solo enfrentan el riesgo de multas, sino la posibilidad de daños reputacionales irreversibles que pueden comprometer la estabilidad de sus compañías y su propia carrera profesional.
Junto al riesgo regulatorio, la pérdida de datos (84%) y los ciberataques (82%) figuran en los primeros puestos del ranking español. Este dato coincide con la tendencia global, donde la digitalización acelerada y el crecimiento de la ciberdelincuencia han convertido la seguridad informática en una prioridad ineludible para cualquier consejo de administración.
En España, estos riesgos se perciben de forma más aguda que en otras geografías, lo que se puede deber a distintos factores:
Otra particularidad del caso español es la prominencia de riesgos éticos y sociales. El soborno y la corrupción preocupa al 78% de los directivos españoles, en comparación con el 62% del promedio global. Esta diferencia puede explicarse por una mayor exposición pública y mediática a escándalos de corrupción empresarial, así como por una mayor presión por parte de reguladores internacionales como la OCDE y la UE para elevar los estándares de integridad.
Asimismo, la diversidad, equidad e inclusión (DEI) entra en el Top 7 de riesgos en España (77%), pero no aparece en la clasificación global. Esta diferencia resalta una creciente sensibilidad en el entorno español hacia temas de representación, igualdad salarial y paridad de género en puestos directivos. La legislación nacional y comunitaria, como la Ley de Paridad en Consejos o los compromisos de las grandes cotizadas con índices ESG, están colocando estos temas en el centro del debate corporativo.
Una tabla comparativa resume con claridad estas diferencias:
| Ranking | Global 2025 | España 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Salud y seguridad (80%) | Incumplimiento regulatorio (90%) |
| 2 | Pérdida de datos (77%) | Salud y seguridad (88%) |
| 3 | Ciberataque / extorsión cibernética (77%) | Pérdida de datos (84%) |
| 4 | Incumplimiento regulatorio (74%) | Ciberataque / extorsión cibernética (82%) |
| 5 | Sistemas y controles (70%) | Soborno y corrupción (78%) |
| 6 | Litigación civil / reclamaciones de terceros (63%) | Sistemas y controles (78%) |
| 7 | Soborno y corrupción (62%) | Diversidad, equidad e inclusión (77%) |
Como se observa, España comparte muchas preocupaciones globales, pero las ordena de manera distinta y añade componentes sociales que reflejan el contexto cultural, legal y reputacional del país.
Llama la atención que la litigación civil y las reclamaciones de terceros, presente en el Top 7 global, no aparezcan en el listado español. Esto podría estar vinculado a una menor tradición de demandas colectivas o acciones judiciales masivas por parte de accionistas o consumidores. Sin embargo, con la aprobación de la directiva europea sobre acciones de representación, es posible que este riesgo gane relevancia en los próximos años.
El perfil de riesgo que enfrentan los altos cargos en España en 2025 se ha transformado. De una visión tradicional centrada en lo financiero y operativo, se ha evolucionado hacia un entorno donde la regulación, la reputación, la ciberseguridad y la ética definen el núcleo del riesgo.
La conclusión es clara: los consejos de administración deben adoptar una visión holística del riesgo, invertir en cumplimiento, fortalecer sus sistemas de control interno y fomentar una cultura ética y transparente. Solo así podrán afrontar el desafío del liderazgo en una era marcada por el escrutinio público y la complejidad normativa.
