Los sistemas públicos de pensiones son un pilar del bienestar social en todos los países de la Unión Europea. Sin embargo, los cambios demográficos y laborales que se han venido produciendo en las últimas décadas han puesto sobre la mesa una serie de desafíos comunes para los Veintisiete. Con el objetivo de que los ciudadanos de la UE puedan ahorrar de manera eficaz para mantener un buen nivel de vida tras la jubilación, la Comisión Europea ha propuesto un conjunto de medidas para potenciar las pensiones complementarias. En el siguiente artículo, analizaremos las claves del plan de la Comisión para cambiar el ahorro para la jubilación.
La Unión Europea tiene alrededor de 450 millones de habitantes. A principios de siglo, poco más del 15 % de la población tenía más de 65 años, según datos de Eurostat. Hoy, el porcentaje supera el 21 % y las proyecciones estiman que para 2070 un tercio de los ciudadanos de la UE estará en esa franja de edad, lo que significa que una parte muy importante de la población habrá cumplido los años necesarios para jubilarse (o estará a punto de hacerlo).
Además del desafío demográfico, que no solo tiene implicaciones para el sistema de pensiones, la Comisión Europea señala que las generaciones más jóvenes están siguiendo carreras profesionales muy diversas y variables, a diferencia de las generaciones anteriores que solían mantener un mismo empleo o un puesto en la misma empresa durante toda la vida. Así, el organismo considera que es necesario ampliar las herramientas de ahorro para la jubilación disponibles para la población y que las pensiones complementarias pueden jugar un papel importante en el futuro.
Las pensiones complementarias han ido ganando terreno en los últimos años, pero en muchos de los países miembros de la UE aún están poco desarrolladas. Según la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, solo el 20 % de los europeos participa en regímenes de pensiones de empleo y solo el 18 % tiene un producto de pensiones individuales. Esto supone, para muchas personas, un riesgo elevado de experimentar una reducción de ingresos tras la jubilación.
Las pensiones complementarias son sistemas de ahorro para la jubilación que se suman a la pensión pública (el llamado primer pilar). Su objetivo principal es que la persona que se jubila pueda mantener su nivel de ingresos cuando deja de trabajar, ya que la cuantía de la prestación pública suele ser inferior a la del último salario. Las pensiones complementarias se estructuran en diferentes instrumentos de ahorro, que se dividen en:
El paquete adoptado por la Comisión Europea se enmarca en la estrategia para una Unión de Ahorros e Inversiones, cuyo objetivo es crear más oportunidades para que los hogares aumenten su patrimonio a través de los mercados de capitales y, al mismo tiempo, estimular el crecimiento económico y la competitividad de la UE. Las medidas que conforman el paquete son tres recomendaciones de la Comisión a los Estados miembros (que tendrán que revisarse con cada país), dos propuestas de reforma legislativa (que tendrán que pasar por el Parlamento y el Consejo) y una aclaración del llamado principio de prudencia.
Los sistemas de rastreo de las pensiones ofrecen a los ciudadanos una visión clara de sus derechos de pensión y de las prestaciones previstas en todos los regímenes de pensiones. Así, contribuyen a paliar la escasa información que, en algunos casos, las personas tienen sobre su futura pensión y a fomentar la participación en las pensiones complementarias.
La Comisión Europea recomienda a los Estados miembros crear cuadros de indicadores nacionales de las pensiones para que así los responsables políticos tengan una visión completa de la cobertura y la sostenibilidad de su régimen de pensiones y no solo de lo que sucede con el primer pilar. El objetivo final es incorporar estos cuadros de indicadores nacionales a un cuadro europeo.
Algunos países cuentan con sistemas de afiliación automática de los trabajadores en las pensiones complementarias (auto-enrolment), es decir, los trabajadores forman parte por defecto de los planes de empleo, pero siempre con libertad para rechazar su participación. La Comisión Europea considera que esta es una buena forma de potenciar el ahorro complementario y, por ello, recomienda que todos los países los implementen, dentro de lo que permitan sus leyes nacionales.
La Directiva sobre fondos de pensiones de empleo (IORP II, por sus siglas en inglés) establece una serie de normas comunes para garantizar una buena gestión y supervisión de los planes de pensiones de empleo. La Comisión propone reforzar y actualizar la normativa para hacerla más eficiente, reforzar la protección de los ahorradores, eliminar los obstáculos a la consolidación del mercado y fomentar las economías de escala.
Los productos paneuropeos de pensiones individuales (PEPP, por sus siglas en inglés) se lanzaron en 2022 para multiplicar las opciones de elección a la hora de ahorrar para la jubilación. Sin embargo, no han terminado de despegar a causa de su diseño complejo y de la ausencia de incentivos fiscales claros y homogéneos entre países. Ahora, la Comisión propone reformar la norma que los regula para convertirlos en una opción más atractiva, accesible y rentable para los ahorradores.
La revisión del reglamento introduce un PEPP básico asequible y accesible, que se invierte en activos financieros simples y se ofrece al público sin asesoramiento. Además, los ahorradores tendrán acceso a PEPP con activos más complejos, con el objetivo de que los productos puedan adaptarse a las preferencias de los inversores. Por último, la Comisión señala que los Estados miembros estarán obligados a ofrecer un trato fiscal para los PEPP comparable al de los productos de pensiones individuales nacionales.
El principio de prudencia rige las políticas de inversión que desarrollan los proveedores de fondos de pensiones de empleo y de productos paneuropeos de pensiones individuales. Sin embargo, tal como se ha interpretado hasta ahora en la mayoría de países, la Comisión Europea cree que ha limitado la capacidad de diversificar las inversiones. El objetivo del principio de prudencia sigue siendo que las inversiones se hagan en el mejor interés a largo plazo de los partícipes y beneficiarios de los productos de ahorro, pero la Comisión ha aclarado que los planes deben incluir inversiones en capital y activos privados.
La modificación de los reglamentos está actualmente en pleno proceso legislativo, ya que debe ser revisada y debatida por el Parlamento Europeo y el Consejo. En cuanto a las recomendaciones, la Comisión Europea facilitará el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los Estados miembros para que las incluyan en la agenda política. Teniendo esto en cuenta, el paquete de medidas para potenciar las pensiones complementarias podría tener implicaciones directas para la población y para las empresas.
En primer lugar, los ciudadanos de países como España podrían notar cambios importantes si se aplican sistemas de afiliación automática para los planes de pensiones de empleo. Además, el aumento de transparencia y del control del ahorro gracias a los sistemas de rastreo digital también puede suponer un cambio importante para la población, contemplándose incluso la posibilidad de que, en el futuro cercano, sea posible consultar en una única plataforma la proyección total de ingresos para la jubilación.
Para las empresas, la simplificación y la actualización de la normativa supondrá una mejora en la gestión de los productos de ahorro, en especial, para aquellas organizaciones que operan en varios países de la UE. Además, la aclaración del principio de prudencia abre la puerta a que las gestoras de fondos diversifiquen sus carteras hacia activos más rentables.
Por último, la Comisión Europea señala que un sistema de pensiones complementarias más sólido tienen el potencial de orientar el ahorro a largo plazo hacia inversiones más productivas, impulsando la competitividad, el empleo y el crecimiento económico, así como de contribuir a aliviar la presión sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas frente a los desafíos actuales y futuros.
En resumen, este paquete de medidas refleja la intención de avanzar, a nivel europeo, hacia un modelo de previsión social más diversificado, donde la responsabilidad del bienestar futuro se comparte entre el Estado, las empresas y los individuos, aunque la pensión pública siga siendo el pilar fundamental de la protección social.
